¿Que fue del Bully Gobernador? (video)

Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, ha transitado de una postura de confrontación hacia actores políticos, empresariales y mediáticos, a una situación de vulnerabilidad jurídica. Tras concluir su mandato y perder la protección constitucional del fuero, el actual operador político del Partido del Trabajo enfrenta un proceso judicial relacionado con el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.

Este proyecto, que carecía de los permisos necesarios, representaba un endeudamiento potencial para el estado por un monto de 12,000 millones de pesos. Debido a estas irregularidades, la audiencia de imputación de cargos por uso ilícito de atribuciones y facultades ha sido diferida en 12 ocasiones, la más reciente el 17 de septiembre de 2025, tras la inasistencia de Bonilla. La nueva fecha para comparecer ante la justicia se ha fijado para el 5 de marzo, un retraso que genera costos económicos significativos para el erario público.

A esta situación legal se suma una sanción administrativa impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) el 8 de diciembre de 2025, la cual inhabilita a Bonilla Valdez para ocupar cualquier cargo público durante un periodo de tres años. Su gestión es recordada por polémicas declaraciones contra el sector empresarial, señalamientos de violencia política de género y deficiencias en el sistema de transporte público, factores que han erosionado su influencia política en la entidad.

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