Elimina BC la exclusividad en venta de uniformes escolares

*Iniciativa de diputada Yohana Gilvaja del PT en el Congreso local

Mexicali

El Congreso de Baja California aprobó una iniciativa de la diputada Yohana Gilvaja para eliminar la exclusividad en la venta de uniformes escolares con el propósito de brindar a las familias de opciones para adquirirlos con mejor calidad y precios accesibles.

Es práctica común que los directivos determinen el comercio donde los estudiantes de educación básica adquieran sus uniformes. 

Para ello se modificó la Ley de Educación del Estado de Baja California para que la autoridad educativa emita lineamientos para que las escuelas públicas y particulares, en coordinación con las asociaciones de madres y padres de familia, acorden elegir opciones de proveedores de uniformes escolares.

La legisladora sostuvo que esta medida responde a una problemática que durante años ha afectado a miles de familias que, en muchos casos, se ven obligadas a adquirir uniformes con proveedores en específico, lo que limita su capacidad de tener opciones más económicas y de mejor calidad.

“Esta reforma pone en el centro a las familias. Las madres y padres tendrán voz en la determinación de posibles proveedores, evitando prácticas que encarecen los uniformes escolares y afectan directamente la economía del hogar”, señaló la petista.

La iniciativa deja claro que los proveedores acordados serán únicamente una referencia para las familias pues y no existirá obligación de comprar con determinado comerciante y se respetará en todo momento la libertad de elección.

Durante el análisis legislativo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto reconoció que esta reforma contribuirá a frenar monopolios y exclusividades forzosas en la venta de uniformes escolares, promoviendo procesos más transparentes y justos para las familias bajacalifornianas.

Entre los beneficios de la reforma destacan:

• Protección de la economía familiar.

• Libertad para elegir al proveedor de uniformes.

• Mejores precios y mayor calidad.

• Participación activa de madres y padres de familia en la toma de decisiones.

• Condiciones más equitativas para el acceso a la educación.

La Secretaría de Educación está obligada a emitir los lineamientos dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Yohana Gilvaja reiteró su compromiso de continuar impulsando iniciativas que generen beneficios directos para la ciudadanía y fortalezcan el acceso a una educación más justa, inclusiva y accesible para todas y todos.

“Legislar significa atender las necesidades reales de la gente. Esta reforma representa un paso importante para proteger el bolsillo de las familias y garantizar que ninguna niña o niño vea limitado su acceso a la educación por razones económicas”, concluyó.