En la Policía Estatal de Baja California hasta los procesos administrativos huelen a corrupción. (video)

El reciente proceso de promoción de grados en la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Seguridad de Baja California ha generado una profunda inconformidad interna, contradiciendo los discursos oficiales de transparencia. A pesar de haberse otorgado 86 grados a policías de Mexicali, Tijuana y Ensenada tras aprobar evaluaciones del Centro de Control y Confianza (C3), la convocatoria registró una participación de apenas el 20% de los agentes, reflejo de la desconfianza generalizada en el sistema de selección.

Las críticas se centran en que las bases del concurso favorecieron principalmente al personal administrativo, excluyendo a gran parte del sector operativo debido a restricciones sobre actas administrativas o quejas por intervenciones policiales recientes. Al interior de la corporación, se argumenta que no se valoraron criterios clave como la antigüedad real en campo, el número de turnaciones, arrestos, suspensiones ni el historial disciplinario de quienes arriesgan su integridad diariamente.

El caso que ha causado mayor controversia es el de Oziel Arturo García Hernández, quien obtuvo el rango de inspector jefe, el segundo nivel jerárquico más alto. Sectores de la corporación señalan que García Hernández incumple el requisito de 23 años de antigüedad en el rango debido a renuncias previas para asumir coordinaciones dentro de su carrera. Además, se cuestiona un evidente conflicto de interés, ya que la evaluación fue realizada por el Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria, organismo que él mismo dirige, habiendo completado la prueba en un tiempo inusualmente corto. Esta situación debilita el objetivo de renovar la imagen corporativa y recuperar la confianza ciudadana, dejando en los agentes operativos la percepción de un proceso opaco.

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