La persecución política y jurídica contra los pescadores en San Felipe que han orquestado marinos (video)

Mientras se protege a grandes caciques, se afecta al trabajador de menor capacidad económica, como ocurre con los pescadores nativos. Un ejemplo es el de Ana Isabel García Aguilar, líder pesquera dedicada a la captura de caracol en el Alto Golfo de California ante las restricciones para pescar curvina y camarón. García, quien trabaja en el mar desde la adolescencia, fue integrada a una lista negra tras participar en una protesta en la carretera a San Felipe para exigir mesas de trabajo con autoridades federales debido al incumplimiento de permisos y compensaciones.

En respuesta a las promesas rotas y al acoso de la Marina y la Profepa, la pescadora retiró el GPS colocado en su embarcación por la Semarnat, argumentando la falta de apoyo gubernamental. Este acto motivó que el vicealmirante Gabriel Guzmán, comandante de la Marina, la amenazara con sembrarle armas o drogas para retirarla del puerto. Al no ceder, García fue citada por la Fiscalía General de la República como testigo de un supuesto acto de pesca ilegal, acusación que su defensa legal rechazó con pruebas.

Mientras el crimen organizado opera con impunidad en la región en actividades como el tráfico de drogas, armas y buche de totoaba, las autoridades concentran la vigilancia sobre pescadores locales como García Aguilar, repitiendo dinámicas de persecución e impunidad previamente vistas en la zona.

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