A MUCHOS PANISTAS SE LES OLVIDA QUE TAMBIEN OPERABAN EL PODER JUDICIAL A SU ANTOJO (video)

Mientras figuras de la oposición cuestionan las dinámicas actuales del sistema judicial, se pasa por alto que, en administraciones pasadas del PAN y del PRI, las procuradurías y fiscalías también operaban bajo el control directo del Poder Ejecutivo, incidiendo en el nombramiento de jueces y magistrados.

Un ejemplo de esta continuidad en el manejo institucional se dio durante la administración del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán en Baja California. En ese periodo, las autoridades estatales impulsaron un proceso penal y administrativo en contra de José Carlos Jiménez Pallán, exdirector del Cecyte, y cuatro directivos más, acusándolos de un presunto desfalco de 55 millones de pesos. El caso derivó en la detención de Jiménez Pallán y su reclutamiento por 132 días en el penal de Mexicali, antes de obtener su libertad mediante un amparo y trasladarse a Estados Unidos.

Años después, las acusaciones no prosperaron en los tribunales. En 2019, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró improcedente la sanción por peculado y enriquecimiento ilícito. Posteriormente, en 2024, un juez de control determinó la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso de más de once años sin que las administraciones posteriores dieran seguimiento formal al expediente.

El análisis de estos antecedentes no busca justificar las deficiencias del modelo judicial actual ni exonerar las faltas del presente. Sin embargo, los registros históricos muestran que la instrumentalización de las instituciones de procuración de justicia para fines políticos ha sido una constante a lo largo de distintas administraciones.

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