• abril 3, 2013
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Columna Lindero Norte: Trato discriminatorio

conaculta_app*Dos mujeres denuncian a funcionario
*Abuso de poder y despido justificado
*Discriminación por ser mujeres
Antonio Heras
Cuando existía la confianza que evitar lo actos de violencia contra la mujer, cuando se suscribieron convenios para desaparecer todo acto intimidatorio y de acoso sexual y laboral, resulta que siempre y no resurgen los casos más inverosímiles, pero ciertos…
Con la mirada torva donde oculta pensamientos indecibles, el director de la Unidad Regional Tijuana de la Dirección General de Culturas Populares simplemente creyó quedar bien con sus nuevos jefes en el gobierno de Enrique Peña Nieto y decidió destituir a dos de las empleadas más significativas de este organismo dependiente hasta el comento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
De acuerdo a una fuente consultada, existe un informe en el escritorio de Rafael Tovar y de Teresa, presidente de CONACULTA, que se refiere al despido de la administradora Rosalina Márquez Herrera y de la responsable de Proyectos de Intervención Institucional, Martha Domínguez Medina.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomó cartas en el asunto, sobre todo porque Márquez Herrera y Domínguez Medina se quejaron de despido injustificado, pero también de acoso laboral y trato discriminatorio por parte del jefe de la URT, José Armando Estrada Lázaro, a quien acusan también de abuso de poder y diversos irregularidades.
Resulta que a un mes del nuevo gobierno federal de extracción priista y el regreso de Tovar y de Teresa, el jefe de la URT despidió a ambas trabajadoras con una antigüedad de 16 y 18 años en esa institución, bajo el argumento de acatar instrucciones de la Dirección General de Culturas Populares.
“Hemos recibido un trato degradante e indigno que menoscaba gravemente nuestra integridad moral de mujeres y de trabajadoras y hasta hoy nadie nos ha dado respuesta a las injusticias expuestas. Solicitamos a las autoridades de la DGCP-CONACULTA una justa solución a nuestros despidos injustificados”, señalaron las empleadas quienes comentaron que sus actividades se han centrado durante estos años a servir,  apoyar y acompañar a las comunidades indígenas y mestizas de Baja California en sus procesos autogestivos de creación, regeneración, promoción y difusión de su patrimonio cultural.
Desde su ingreso a la URT, el 4 de febrero de 2011, Estrada Lázaro se significó por cometer diversas arbitrariedades, entre las que se encuentran la discriminación de género, la violencia verbal, falta de respeto y hostigamiento laboral.
“Continuando este ejercicio de prepotencia y maltrato laboral, José Armando Estrada Lázaro nos despidió injustificadamente la primera quincena de enero sin mediar documento alguno al solicitarnos la renuncia por falta de confianza, como única razón”, expresaron en un documento dirigido a CONACULTA y al Congreso de la Unión.
El funcionario federal implementó acciones intimidantes y violentas que incluyeron la fuerza, ya que utilizó al equipo de seguridad del Centro Cultural Tijuana, espacio donde se ubica su centro de trabajo, para impedirles la entrada a las oficinas.
La conducta del funcionario federal se hizo saber de manera inmediata a la DGCP-CONACULTA y a la Sexta Visitaduría General de la CNDH, con el folio número 6909.
Rosalina Márquez Herrera, Néstor Matus, Prudencia Juárez y María Eugenia Hurtado de Culturas Populares “empeñaron su palabra para intervenir en dicho asunto” pero no se ha obtenido respuesta.
Luego de justificar que la orden de la destitución provino de esta dependencia federal, Estrada Lázaro rechazo elaborar el acta de entrega-recepción donde quedaría registro de los proyectos y productos generados durante 20 años de ejercicio profesional en la URT.
Esta conducta implica riesgos de destrucción, apropiación o el uso indebido de dichos materiales, dijeron al tiempo de senalar que por su dudosa solvencia moral Estrada Lázaro  pudiera hurtar y manipular los archivos y el producto de su trabajo en perjuicio de sus personas.
Las mujeres advirtieron que la actitud de Estrada Lázaro las afectan porque las ha dejado en el desempleo y desintegró el capital humano y simbólico  de la URT porque excluyo gran parte de la memoria histórica.
Acusaron que la conducta del funcionario federal puso en riesgo el proceso de descentralización al Instituto de Cultura de Baja California porque ignora a sus directivos y desvirtuó la relación de trabajo y convenio de comodato con el CECUT.
En todo este proceso, argumentaron, las comunidades que son los principales actores sociales que la URT debe atender, están completamente al margen, sin recibir atención institucional.
“Consideramos que el delito y agravios que José Armando Estrada Lázaro, ejerció contra nosotras, se  fundamentan en su intolerancia al género femenino, en sus intrigas, en su intransigencia a la diversidad de pensamiento, así como a la capacidad de propuesta en nuestras tareas cotidianas y lo que es evidente, su preocupación y desesperación por continuar alimentando sus intereses personales antes que los comunitarios”, advirtieron.
Subrayaron que Estrada se ha distinguido por “el  doble discurso, el engaño, la manipulación, la ausencia de diagnóstico, de propuesta, de plan estratégico, de proyecto; de reglas claras de trabajo y de metodología”.
Su objetivo central es el culto a su personalidad, la autopromoción y la mercantilización de su propia figura con trabajos personales sueltos, improvisados.
Alertaron que entre las arbitrariedades se encuentra la ausencia de respuesta y de solución de Culturas Populares por sus despidos fuera del marco legal y de derecho.

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