Solicitan juicio político contra ombudsman de BC

Lindero Norte
Mexicali.- Por la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y de la nómina del personal, así como por el despido de trabajadores y el incumplimiento del pago de liquidaciones, se presentó una denuncia de juicio político del procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Arnulfo de León Lavenant.
Para organismos ciudadanos dedicados a la defensa de los derechos humanos en esta frontera critican a la PDH de haberse convertido en un “circo de cuotas de poder”
En una carta dirigida a los integrantes del Consejo Consultivo, el doctor Sergio Hernández Zinzún que la denuncia de juicio político señala “una variedad de faltas graves, y otras muy graves, sobre la utilización de los recursos públicos y de los bienes muebles e inmuebles, de la discrecionalidad para decidir los sueldos de los empleados incluido el del propio procurador, de préstamos y de las comprobaciones de gastos, y de asesorías y contrataciones de servicios profesionales externos, entre otras”.
Por estas conductas ilegales se solicitó además que sea separado de su cargo en tanto se realizan las investigaciones la preocupación que genera el actuar de un servidor público que tiene el agravante de ser Procurador de los Derechos Humanos porque “trasgrede los valores humanos más elementales como la justicia y la equidad y los derechos constitucionales y humanos de las personas que han sido despedidas sin ofrecer ningún tipo de explicación, razones o motivos justificados”.
En el asunto de los despidos injustificados, explicó el denunciante, los procedimientos utilizados por De León Lavenant violan la normatividad establecida en la Ley de la PDHPC y en el Reglamento Interior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado, además de las leyes del Trabajo, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
Por la remoción de cincuenta trabajadores existen al menos 20 demandas laborales “en las que los empleados despedidos estamos reclamando que se respeten nuestros derechos y que se nos haga justicia”, otros esperan que se cumplan los compromisos verbales que contrajo para el pago de liquidaciones y los que firmaron convenios para recibir sus finiquitos se encuentran molestos por el incumplimiento de los abonos pactados, lo que provocó que en 2012 se embargaran bienes de la PDH.
Las plazas vacantes producidas no han sido cubiertas por nuevo personal lo que representa “un enigma el destino del dinero presupuestado para el pago de la nómina” y en el caso de nuevas contrataciones ingresaron familiares, amigos y recomendaos del titular de este organismo autónomo.
“El procurador ha mantenido puestos de trabajo vacantes con la intención de ofrecerlos a recomendados de servidores públicos y representantes de elección popular con el propósito de obtener favores futuros”, se asegura en la carta que explica que durante 2012 y parte de 2013 mantuvo, por varios meses, a empleados laborando sin sueldo con la promesa de que iban a ser contratados pero también incumplió su palabra.
Esta situación tiene como consecuencia la pérdida de capital humano e institucional que se había logrado acumular a base experiencia, dedicación y compromiso, por lo que se advierte que “son años de esfuerzo que el ombusdman ha tirado a la basura”.
Por ser la PDH un bien público y patrimonio de todos los bajacalifornianos se solicitó la separación inmediata de Arnulfo de León, el inicio del procedimiento administrativo en su contra y, de comprobarse la comisión de conductas ilegales, se le destituya de su cargo, se le finquen las responsabilidades administrativas y se le inhabilite para ocupar cargos públicos por el mayor tiempo posible.
Hernández-Zinzún comentó a los 14 integrantes del Consejo Consultivo que en su ámbito de competencia sabrán tomar la decisión que les indique su conciencia, honor, apego a la legalidad y la justicia que merecen los bajacalifornianos.