Columna Ahuete: Arrebatos sindicales

Antonio Heras
Durante la administración de Héctor Terán la relación política con el Sindicato de Maestros la realizó de manera directa la Secretaría General de Gobierno lo que provocó la denostación y al tiempo el relevo en la Secretaría de Educación.
Ahora con Francisco Vega, la situación se repite, pues el interlocutor con el SNTE y los otros dos sindicatos magisteriales es la Secretaría General de Gobierno.
En la primera negociación política con el magisterio, realizada apenas en febrero, la Secretaría de Gobierno mostró su debilidad en el caso del conflicto de la toma del Instituto de Bellas Artes, lo que evidencia que nació muerta la esperanza de arrebatarle al sindicato magisterial la rectoría de la educación y ser recuperada por el Gobierno.
Resulta que César Urquides, dejó de estar entre los comisionados del SNTE y regresó con la ocurrencia de ser director de este centro formador de docentes en educación artística. Concursó para el nombramiento y en entrevista con el Consejo Dictaminador reconoció desconocer el área artística pero prometió “echarse un clavado” con su equipo de promotores integrado por los esposos Ana Laura de la Cruz y José Refugio Uribe Arámbura y de José Trinidad Rodríguez, quienes fueron removidos de la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos por su exiguos resultados en la planta de docentes.
Urquides es protegido del dirigente de la sección 37 del SNTE, el también diputado Alberto Martínez, bajo la égida de un familiar político de nombre Julio Rodolfo Romero de la Torre, enclavado en Asuntos Laborales de Educación Superior del Sistema Educativo Estatal y del secretario Técnico David Eduardo Álamo. Incluso usaron a Guillermo Rodríguez Dozal, un familiar lejano del secretario de Gobierno, quien no es la primera vez que se deslinda de manera inmediata porque en este caso trató de instruir a las autoridades educativas a resolver ese asunto en favor de Urquides.
Para apoderarse de un centro académico, los elbistas impulsaron la remoción de la directora de la DFAD, Esperanza Torres, pero su movimiento fue insuficiente pues sólo lograron el apoyo de representantes sindicales de dos escuelas normales. Incluso se realizaron amenazas en contra de la maestra.
La operación política para recuperar el edificio de Bellas Artes estuvo a cargo del subsecretario de Gobierno, Francisco Rueda, quien accedió a las pretensiones de Urquides y compañía, entre ellas sustituir al encargado de despacho de la dirección y la emisión de una nueva convocatoria exclusiva para que maestros aspirantes a dirigir esa institución.
Sin perder de vita que son aliados políticos, a través del Partido Nuevo Alianza, la propuesta del Sistema Educativo Estatal es que la convocatoria se abra para otros académicos que cuenten con el perfil que se requiere este instituto
Por sus evidentes limitaciones, la actuación de Rueda Gómez –calificada de pésima- fue desconocida por el secretario Guillermo Trejo y la secretaria Rosario Rodríguez porque cedía los destinos de un centro académico a un grupo político del sindicato.
Pareciera que la “operación” de subsecretario era arrodillar a la autoridad ante una desvelada presión magisterial. Al menos así se percibió la intencionalidad al capitular a estos arrebatos sindicales.
¿A qué intereses partidistas responden los subsecretarios de la General de Gobierno?
A Kiko no, ni a Trejo Dozal, al menos así lo aseguran entre corrillos.
Son piezas de diferentes rompecabezas panistas.