Juez fija fianza total de 24 millones de pesos a cuatro jornaleros de San Quintín

jornada jornaleros okas*Enfrentan cargos por daños en propiedad ajena y lesiones a dos agentes de la PEP
*Los montos son para garantizar la reparaciòn del daño y obtener su libertad
Antonio Heras
Tijuana– El Juzgado Primero de lo Penal del Poder Judicial del Estado en San Quintín fijó una fianza de 7 millones 815 mil pesos a cada uno de los tres hombres para garantizar la reparación del daño por los delitos de lesiones dolosas y daños en propiedad ajena, tras los disturbios que se presentaron en la colonia triqui de esta región del sur de Ensenada. A un cuarto implicado se le determinó una fianza de 542 mil pesos.

Los detenidos -cuya fianza en total es de 24 millones de pesos- se encuentran recludos en el Centro de Reinserción Social de Ensenada para enfrentar cargos por causar daños a patrullas estatales, a una tanqueta de asalto Rhino y lesionar a dos agentes de la Policía Estatal Preventiva durante la mañana de este sábado, cuando se registró un operativo policiaco en esta comunidad..

Se trata de Arón Francisco Gamboa Juárez, de 30 años de edad, acusado de lesiones dolosas, daño en propiedad ajena doloso y delitos cometidos contra funcionarios públicos o agentes de seguridad pública, en este caso de dos oficiales de la PEP.

El juez Primero de lo Penal le fijó una fianza de 7 millones 815 pesos para garantizar la reparación del daño y 8 mil pesos para la libertad personal, al igual que a Moisés Gil Velasco, de 28 años de edad, por los delitos de daño en propiedad ajena intencional, aunque también se le determinó el pago de 10 mil pesos para obtener su libertad.

Un caso similar es el de Antonio Alvarez Cruz, de 34 años de edad, acusado de provocar afectaciones a la tanqueta blindada Rhyno, conocida como Tiburón, bajo el delito de daños dolosos en propiedad ajena.

A Juan Carlos Chávez Santiago, de 27 años de edad, se le procesa por daños en propiedad ajena intencional al incendiar la patrulla 868 de la PEP por lo que su fianza es de 542 mil pesos para garantizar la reparación del año y 10 mil pesos por la libertad personal.

En tanto, en el módulo de atención que instaló la Procuraduría General de Justicia del Estado para que integrantes de la comunidad presente denuncias ante la Agencia del Ministerio Público recibió durante el primer día cuatro recursos por el delito de lesiones, contra quien resulte responsable.

El gobierno de Baja California dio a conocer que la mañana del sábado recibió la denuncia de un ranchero que afirmaba que unas personas querían ingresar a su propiedad para quemar sus parcelas.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva realizaron un operativo para detener a 17 personas, de manera inicial, en el que utilizaron patrullas, toletes y balas de goma, lo que provocó la reacción de jornaleros y sus familiares que repelieron la acción policial a pedradas y con palos.

Los residentes de esta comunidad de origen triqui acusaron a los agentes preventivos de ingresar a sus casas y golpear a varios de sus vecinos en redadas que realizaron por las calles de su colonia.

El reporte de la PEP señaló que fueron detenidas 10 personas en el poblado de Vicente Guerrero, de las cuales tres eran menores de edad, la mayoría de los cuales fueron liberados al pagar una multa por violar el bando de policía.

El gobernador Francisco Vega rechazó las versiones que los policías estatales ingresaron a domicilios e instó a que presenten denuncias quienes tengan pruebas, mientras que el secretario General de Gobierno Francisco Rueda sostuvo que no tolerarán que personas externas “a la situación” desestabilicen la paz social. La respuesta de los residentes de la comunidad triqui fue la presentación de cuatro denuncias penales, aunque se estima que pudieran presentarse más durante el curso de este miércoles que reinicie la Mesa de Negociación donde estarán representantes de la Secretaría de Gobernación y del Senado de la República, además de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.

En la ciudad de San Diego, California, el Frente Indígena de Organizaciones Binacional  (FIOB) protestó frente al Consulado de México para señalar a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Francisco Vega de desatender las demandas de los jornaleros del Valle de San Quintín y después “responder con represión”.

El dirigente local del FIOB, José González, advirtió que en caso que la Mesa de Negociación, a reanudarse este miércoles en este poblado que se ubica en el sur de Ensenada, represente una treta para desesperar a los jornaleros promoverán un boicot contra empresas que importan productos agrícolas de San Quintín, por lo que se mantendrán en espera de la indicación de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social.

Diversas organizaciones allende la frontera proyectan enviar cartas a empresas que importan productos de San Quintín para pedir que revisen la forma en que viven las personas que los cosechan en esa región.

En tanto, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, dijo en Tijuana que el diálogo es la vía para resolver el problema de San Quintín y aunque reconoció que no lo es todo sí representa la plataforma para solucionar el conflicto.

En gira de trabajo proselitista, el líder priista sostuvo que el conflicto de San Quintín es un asunto de justicia elemental, de búsqueda de justicia social, en la que tienen que ver todos los órdenes de gobierno y advirtió que los problemas de violencia deben enfrentarse con la ley.

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