• diciembre 7, 2016
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Diputados se pronuncian a favor de incrementar recursos al Poder Judicial; Ejecutivo lo rechaza

15387548_1178217355594422_695204024_o-1Jorge Heras, Mexicali, 7 de diciembre.- En el debate del proyecto del Presupuesto de Egresos del 2017 que presentó el Poder Judicial ante la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal, los diputados del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) manifestaron su apoyo al incremento de recursos solicitado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vásquez, pero externaron que el Poder Ejecutivo propuso un techo financiero menor a lo propuesto.

El titular del Poder Judicial dio a conocer que para la correcta operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los cinco municipios y de los juzgados civiles, mercantiles, familiares, y de Justicia para Adolescentes son necesarios mil 025 millones 390 mil pesos, lo que representa un incremento de 89 millones con respecto a lo erogado durante este año.

Los legisladores del PAN, PRI y Morena se pronunciaron a favor del incremento ya que lo consideraron necesario para la impartición de justicia rápida y efectiva; Sin embargo aseveraron que la Secretaría de Planeación y Finanzas puso un techo financiero de 942 millones de pesos que significan una reducción de 83 millones de pesos.

Vázquez indicó que buscarán “sensibilizar el tema” con el titular de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, para que en conjunto con los diputados “permitir sacar adelante la operatividad del Poder Judicial en 2017”.

“Estamos solicitando el límite y lo menos que podemos para operar, no estamos pidiendo aumento en sueldos, no obstante que en 10 años no hemos recibido ese tipo de incremento; por eso hay que aprobar esos recursos (solicitados) y rendiremos las cuentas de lo avances que tengamos”, puntualizó.

El diputado de Morena, Catalino Zavala Márquez recordó que lo solicitado para 2017 es similar a lo planteado en 2011 cuando proyectaron un presupuesto de más de mil millones de pesos pero nada más les aprobaron un techo financiero de 707 millones.

Mencionó que en 2012 pidieron 925 millones pero solo les autorizaron 742 millones, por lo que a partir de ese año las proyecciones de presupuesto fueron más cercanas a lo solicitado como en 2014 cuando presentaron un presupuesto de egresos de 848 millones y les fue aprobado un millón menos. «En seis años el Poder Judicial ha tenido un crecimiento del 30 por ciento en su presupuesto».

El magistrado presidente del TSJE reiteró que de no aprobarse los más de mil millones propuestas para el próximo ejercicio fiscal se “comprometen muchos rubros y seremos más lentos en la impartición de justicia y eso no es una buena señal para la ciudadanía, tenemos que mantenerla y mejorarla”, expresó.

Reveló que en 2016 ejercieron 918.3 millones de pesos: 848 millones para Servicios Personales y 70 millones para operatividad; pero que al asignarles 32 millones menos de lo pedido tuvieron que realizar un ajuste de 20 millones con la disminución de horas extras e interinatos en juzgados y en la reducción en el pago de bonos, primas, estímulos y compensaciones del personal de confianza, así como eliminación de gastos de representación, reducción de servicios de celulares, viáticos, cafetería, seguridad, papelería y mantenimiento de equipo y oficias.

En el proyecto de prepuesto de Egresos 2017, el Poder Judicial plantea la creación de 83 plazas, especialmente para la el Sistema Adversarial, principalmente en Zona Costa, actualmente hay 2 mil 021 plazas, de las cuales 83 por ciento son de personal jurisdiccional y el 17 por ciento administrativo.

954 millones de pesos (93%) sería destinados para Servicios Personal y 71 millones (7%) a la operación.

No obstante, los recursos solicitados no contemplan el cumplimiento de obligaciones laborales como el timbrado de nómina (CDFT), Seguridad Social del personal de confianza y aumento a trabajadores de base del 5.5 por ciento, para los que se necesitarían 155 millones de pesos.

Tampoco se plantea la creación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM), que se encuentra estancadas desde hace dos años, pues se requiere una inversión de 69 millones de pesos.

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