Propone PES inhabilitación hasta 10 años a funcionarios que incurran en discriminación de la mujer en la política

Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- El grupo parlamentario de Encuentro Social (PES) en el Congreso Local propondrá una iniciativa de reforma para erradicar la discriminación de la mujer en la política con penas que vayan desde inhabilitación a funcionarios públicos hasta prisión por tres años.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el diputado del PES, Luis Moreno Hernández, informó que plantea tipificar como delito el acto de que por el simple hecho de ser mujer, “alguien de manera dolosa  bajo coerción acote, suspenda, impida o restrinja el ejercicio pleno de sus derechos”, así como para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción que incurra en el incumplimiento de la ley.

La propuesta va encausada, comentó, en sancionar hasta por diez años del servicio público a funcionarios de gobierno y a establecer una pena de tres años de prisión a quienes cometan actos de discriminación a la mujer.

Señaló que los avances en materia de prevención y erradicación a la discriminación hacia el sexo femenino que se ha registrado en otros estados del país no han tenido el mismo reflejo en Baja California, en donde, aseguró, los movimientos aislados de diferentes organizaciones de la sociedad civil han obtenido los únicos logros en la materia.

“La frágil democracia en Baja California se ve amenazada con la discriminación hacia la mujer por la ineficiencia mostrada por la federación y el gobierno del estado, pues tienen la obligación de eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada, mediante la participación plena en pie de la igualdad en el proceso de adopción de decisiones”, puntualizó Moreno Hernández.

Piden organizaciones de Mexicali abrogar la Ley de Asociaciones Público Privadas por generar endeudamiento público

Antonio Heras
Mexicali.- Organizaciones de la sociedad civil que se mantienen en protesta en el Centro Cívico de Mexicali solicitaron la abrogación de la Ley de Asociaciones Público Privadas de Baja California por considerar que afecta el interés ciudadano y el erario estatal.

La solicitud se presentó en el Congreso del Estado a través de un mecanismo de iniciativa popular para lo cual anexaron más de mil firmas promovidas por el Grupo Mexicali Consciente que busca eliminar esta ley y el contenido del articulo 100 de la Constitución Política de Baja California.

El abogado Daniel Solorio señaló que las obras de las APPs generan deuda a largo plazo y compromisos financieros que limitan la acción y programas de nuevos gobiernos.

Solorio dijo que se busca abrogar una ley cuyo modelo es privatizador y fortalece la deshonestidad de los gobernantes con contratos asignados a modo en materia de infraestructura y obras públicas.

Se trata que los recursos estatales no se puedan aplicar a obras con la iniciativa privada para quedar un endeudamiento y, en el caso de recursos de la Federación se desarrollen con bare en la legislación federal.

“No estamos en una época adecuada para que la Iniciativa Privada tenga en sus manos los asuntos públicos…
las APPs son un exceso que permite que los empresarios privados desempeñen funciones y servicios públicos”, expuso. 

En el Congreso del Estado, de mayoría panista, se analizará la propuesta y de cumplir con los requisitos se integrará a la agenda de sesiones ordinarias para su votación.

Hace un mes, por presión popular el gobernador Francisco Vega solicitó la abrogación de la Ley de Aguas, señalada por los manifestantes de pretender privatizar el agua en la entidad.

Luego de tres manifestaciones multitudinarias en la que participaron más de 100 mil personas en total también se produjo la eliminación del pago de reemplacamiento de vehículos en la entidad por considerar un gasto que afectaba a la economía de los residentes fronterizos.

En la reunión estuvieron presentes los dirigentes del Congreso del Trabajo y del movimiento Mexicali Resiste, entre otros.

Mantienen boicot contra filial del Grupo Chedraui, cuyo directivo aportó fondos a Trump

Antonio Heras
Mexicali
La empresa El Super, filial del Grupo Comercial Chedraui que opera en Estados Unidos, principalmente en California, reportó ventas negativas durante dos trimestres consecutivos como resultado de un boicot de consumidores desde hace dos años.
Organizaciones sindicales advirtieron que el descenso de ventas también se debe a la reacción de los consumidores por las cuatro aportaciones financieras a la campaña política de Donald Trump que se realizó a través del vicepresidente Sal Marcianti.
Una vez que trascendió la aportación, la Cadena de Abasto de El Super dijo carecer de “autoridad sobre las contribuciones personales que hacen los empleados y éstas no reflejan el punto de vista de la compañía”.
Luego de preguntarse si en realidad el punto de vista de la compañía es diferente al de Trump, trabajadores y miembros de la comunidad participaron en protestass frente a las tiendas El Super en California, cuyos directivos muestran hostilidad a empleados y compradores.
En los volantes que repartieron los trabajadores se señaló que “El Super viola leyes laborales y pasa por alto regulaciones de salubridad, entonces ¿De verdad sorprende que la cultura corporativa entre los ejecutivos de dicha empresa incluyera a partidarios de Trump?”
Ejecutivos de la compañía atribuyeron la baja en ventas a la deflación en los precios de alimentos, particularmente en frutas y verduras, pero los trabajadores explicaron que estos índices alcanzan un 2 por ciento según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y los de la empresa son del 7.5 por ciento.
“La baja en ventas en tiendas existentes en el 4T16, se coloca encima de una caída similar durante el cuarto trimestre del 2015, siguiendo una tendencia a la baja en ventas-mismas-tiendas en un lapso de dos años consecutivos” comentaron los sindicalistas que representan a trabajadores migrantes al tiempo de señalar que, además de la deflación, representantes de la compañía adujeron un clima de “temor e incertidumbre” entre la comunidad migrante latina en Estados Unidos a raíz de la elección de Donald Trump que ha impactado negativamente las ventas y se prevé que esta tendencia continúe en 2017.
No tenemos dudas de que la elección de Donald Trump ha creado temor e incertidumbre en la comunidad inmigrante y con justa razón por políticas del presidente relacionadas a la inmigración y los asuntos laborales, comentaron.