Carece PGJE de peritos traductores de lenguas indígenas

Jorge Heras
Mexicali, 19 de noviembre.- El Colegio de Abogados de Mexicali y El Centro de Derechos Humanos de Baja California denunciaron la falta de peritos traductores de lenguas indígenas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), lo cual dificulta el acceso a la justicia a personas de distintas etnias del país que no hablan o dominan el idioma castellano.

La directora del organismo pro Derechos Humanos, Sandra Esquer Montoya, aseveró que tanto las autoridades de la PGJE como del Sistema DIF Estatal están violando la Constitución política y la Ley General de Derechos Lingüísticos, promulgada en 2003 durante el mandato de Vicente Fox, al no conceder un traductor a las víctimas e imputados indígenas durante la presentación de la denuncia y en las comparecencias.

Esquer Montoya refirió que el caso de la menor de 9 años de origen mixe, quien fue víctima de violación sexual por parte de un familiar en la capital del estado, evidenció la forma en que la procuraduría atiende este tipo de casos, pues, comentó, desde que los padres de la niña acudieron a denunciar los hechos no tuvieron la asesoría de un traductor.

De igual forma, señaló que durante las comparecencias y los tratamientos sicológicos que le han proporcionado a la menor no hubo presencia de alguien que hablara mixe, lo cual ha sido “un impedimento para que la investigación continúe adecuadamente”.

“La familia de la niña se ha convertido doblemente en víctima, ya que enfrenta el proceso judicial con trabas burocráticas y negligencia por parte de las autoridades, al grado que la sicóloga del DIF aseguró que los papás no son aptos para educar a la menor porque tienen problemas mentales, ya que no hablan el idioma español correctamente“, puntualizó.

Ante estas violaciones, la directora del Centro de Derechos Humanos de Baja California presentó un amparo ante el Juzgado Quinto del Poder Judicial de la Federación por tortura mental en contra de la menor, discriminación étnica, incomunicación de los padres con su hija y atentar contra el desarrollo integral de la familia.

Por su parte, el integrante del Colegio de Abogados de Mexicali, Hernán López Frank, declaró que los funcionarios de la PGJE y DIF se han “aprovechado de la ignorancia de los papás y de la víctima porque no conocen lo más básico de una circunstancia legal y no hablan muy bien el idioma (español)”, puntualizó.

Luego de 2 meses la familia tendrá traductor mixe

La procuradora de justicia, Perla del Socorro Ibarra informó que este viernes por primera vez durante el caso, que lleva más de dos meses de investigación, se contará con la presencia de un perito traductor del dialecto mixe.

Sostuvo que “desde hace tiempo” la PGJE solicitó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) un perito en esta materia para que exista una mejor intercomunicación entre el Ministerio Público y las víctimas.

Asimismo, comentó que la procuraduría de justicia estatal está por firmar un convenio con la CDI para contar con los traductores “que consideremos y sean necesarios para la integración de las averiguaciones; de todos modos aunque no tenemos el convenio siempre hemos contado con representantes de la CDI”, expresó.

Por su parte, el subprocurador de zona, Fernando Ramírez Amador, señaló que el perito que se integrará al deshago de testimonios viene del poblado de San Quintín.

Indicó que apenas fue requerido la semana pasada, ya que la menor y sus padres hablaban bien español y nunca lo solicitaron hasta que la niña declaró que le costaba trabajo hablar el idioma.