Columna Lindero Norte: Congreso de BC inútil como Torre de Babel

Antonio Heras

La idea de contar con un Congreso de Baja California de gran aliento, de calado amplio y de nivel se desfondó desde los primeros días de septiembre de 2016 cuando nuestros diputados tomaron posesión.

Como órgano colegiado es un cero a la izquierda pues sus acuerdos y leyes han sido superadas por la realidad y circunstancias.

El poder político bajacaliforniano y su clase política nunca leyeron que la única oposición real, fuera de componendas, es la de los ciudadanos.

Al menos en papel hay en el congreso local experiencia de sobra en la cosa pública. Hay personajes con experiencia como diputados federales y locales, dirigentes de partidos políticos, regidores, secretarios de ayuntamientos, servidores públicos, delegados federales, dirigentes sociales y sindicales, políticos de carrera y hasta conductores de programas de entretenimiento y asistencia social en radio y televisión.

De los 25 legisladores no se hace una tercia. En la estulticia hay equidad de género.

Las prácticas parlamentarias cada vez son más opacas y desaseadas, los acuerdos responden a la sujeción al Poder Ejecutivo donde el subsecretario Ruben Armenta se las sabe de todas en la operación política.

El PAN no sabe que hacer con su mayoría simple, más que imponer una nómina legislativa. Sumó a su lista de empleados a quienes han fracasado en otras administraciones públicas.

El diseño de operación política se estrelló en la impericia de sus “líderes” pues ni acordó alianza programática con el PRI ni tejió mayoría calificada con los partidos emergentes. La caída de la coordinación de la bancada se la debe Carlos Torres se la debe a los panistas de Tijuana y a la dirigencia local, además a la soberbia característica que lo ha significado en sus derrotas políticas.

La incapacidad de Raúl Castañeda Pomposo en el manejo de la primera mesa directiva fue evidente pues demostró que la operación callejera electoral nada tiene que ver con los trabajos legislativos y nadie lo pudo salvar, ni siquiera el señor Sota.

En cinco meses de labores legislativas la presión popular de la sociedad civil, sobre todo de la clase media, y de asociaciones civiles les espetaron el primer golpe en la historia política de Baja California: abrogar una ley que duró apenas un mes por la decisión gubernamental de privatizar el agua.

También se vieron obligados a eliminar el fuero constitucional, aunque pretendieron consumarla con un logro propio.
Ahora con otro panista en la presidencia camaral enfrentarán la idea ciudadana de eliminar la Ley de Asociaciones Públicas Privadas.

El Congreso se convirtió en otro “jueves de la fruta y la verdura”, como hace varias legislaturas le denominaron coloquialmente a las sesiones: interpelan a los diputados, les invaden espacio soberano, se les olvidan los recesos para reordenarse el cuadro, se pierde el quórum y a nadie le importa.
Es una Torre de Babel.

Los legisladores construyen su propio edificio de estulticia para ganar el cielo, labrando confusiones y en medio de odio y confrontaciones.
Lo único cierto en esta incertidumbre es que poseen una curul del reino de Babia y algunos de Babilonia.

Ayuntamientos continúan incrementando deuda con Issstecali; Ensenada debe más de mil millones

Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali.- Aunque a partir del mes de febrero los cinco Ayuntamientos de la entidad han pagado con regularidad las cuotas de sus trabajadores a Issstecali, la deuda de la paraestatal se ha incrementado al superar los 2 mil 200 millones de pesos, informó Javier Meza López, director de este Instituto Estatal.

En entrevista con Lindero Norte, el funcionario estatal indicó que los municipios de Tecate y Ensenada son lo que representan el 75 por ciento de la deuda total que tienen los Ayuntamientos con Issstecali.

Dio a conocer que el gobierno ensenadense tiene pasivos con la paraestatal por el orden de 1 millón 100 mil pesos, mientras que la administración pública de Tecate debe alrededor de 500 millones.

Cada uno de estos dos municipios, expresó Meza López, tiene seis años sin aportar sus cuotas patronales a Issstecali.

El director del Instituto de Servicios Sociales del Estado comentó que estos dos Ayuntamientos regularizaron su pago hace dos catorcenas y están en proceso para convenir la forma en que pagarán el adeudo histórico.

“La preocupación y ocupación de la alcaldesa Nereida Fuentes y de Marco Antonio Novelo es poner al corriente su cuenta que deben pagar cada catorcena, lo cual es también de interés de nosotros porque nos permite tener un flujo de dinero”, puntualizó.

En lo referente a los gobiernos de Mexicali, Tijuana y Rosarito aseveró que no presentan ningún problema en su cuenta corriente, salvo el adeudo histórico que tiene la capital del Estado de 560 millones de pesos y la que registra el Quinto municipio por el orden de 32 millones de pesos.

En agosto del año pasado, los pasivos con el Issstecali de los cinco gobiernos municipales era de mil 986 millones de pesos, cifra que en seis meses aumentó casi 15 por ciento.

El incumplir con entregar las cuotas patronales a la paraestatal, llevó a la Sindicatura del gobierno de Mexicali y Ensenada a denunciar penalmente a los alcaldes priistas Francisco Pérez Tejada Padilla y a Gilberto Hirata Chico.

Desde finales del 2015, el gobierno Estatal a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) mantuvo reuniones con los cinco alcaldes para que reconocieran la deuda histórica que tienen con Issstecali y con aprobación del cabildo firmaran un convenio de pago con el cual contrataría deuda pública para saldar el adeudo a 20 años.

Según información de la paraestatal, después de varios desencuentros entre la SPF y los gobiernos municipales, los cinco Ayuntamientos firmaron el convenio por lo que el procedimiento ahora se encuentra en la dependencia que encabeza Antonio Valladolid Rodríguez.

Panorama migratorio crítico en BC ante inacción de gobiernos: Coalición de Organizaciones

Antonio Heras
Mexicali.- La migración en Tijuana y Mexicali es un asunto preocupante que debe ocupar a las autoridades del Estado y de la Federación porque no vemos políticas públicas ni recursos para habilitar espacios de albergue y atención suficiente para mexicanos desplazados de zonas de violencia, deportados, centroamericanos y haitianos, señaló el director de la Coalición Profedensa del Migrante, José Moreno Mena.

En la actualidad operan 38 albergues en Tijuana y 12 en Mexicali pero se debe entender que son temporales y no todos están habilitados para dar hospedaje por lo que buscaron alojarse en cuarterías de mala muerte, en hoteles acondicionados a cambio de pequeñas cuotas y otras son iglesias.

De 2004 a 2007 la mayoría de los migrantes en albergues eran mexicanos, procedentes de varias entidades federativas, pero un censo de diciembre de 2016 arrojó que el 18 por ciento eran connacionales, el 70 por ciento de los espacios lo ocupan los haitianos y el resto son centroamericanos, comentó Moreno Mena al tiempo de estimar que el porcentaje se revertirá cuando la administración Trump aplique su política migratoria y habrá mayor número de mexicanos en estos espacios, ya sean desplazados o deportados.

Las deportaciones masivas van a llegar tarde que temprano porque es la intención de Donald Trump y no lo ha hecho por falta de recursos pero Baja California tiende a convertirse en un refugio de migrantes y de deportados de Estados Unidos, sostuvo al tiempo que advirtió que der facto desde hace varios años.

Moreno Mena, también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, preside este organismo que desde la década de los noventa coordina los esfuerzos de las principales y más comprometidas organizaciones sociales de atención a migrantes en Tijuana y Mexicali. Su trabajo se consolidó desde el inicio de la Operación Guardián que instrumentó en 1994 el gobierno de Estados Unidos consistente en la vigilancia digital de los cerca de 300 kilómetros de frontera de California y después con la construcción de un segundo muro en varios tramos de Tijuana y la ampliación del murto de metal hasta dos kilómetros mar adentro en las aguas del Océano Pacífico.

Comentó que hasta el momento no hay deportaciones masivas como se esperaba, pero es cuestión de tiempo porque el gobierno de Estados Unidos las va a hacer, una vez que se apruebe el presupuesto.

En el caso de los migrantes haitianos, el Instituto Nacional de Migración señala que existen alrededor de 3 mil 500 en la región, mientras que un estudio de El Colegio de la Frontera Norte estima que son 3 mil 300 hombres, mujeres y niños. Muchos de estos migrantes se incorporaron al mercado laboral informal al vender chicles, pan, comida, pero otros ingresaron al sector formal por invitación de los empresarios de Tijuana y Mexicali.