Antonio Heras

Está por definirse quién estará al frente del Poder Judicial de Baja California al concluir la gestion de in controvertido Armando Vásqiez, quien incluso podria reelegirse, de acuerdo al reglamento del Tribunal Suoerior de Justicia del Estado.

Son muchos los postulantes e interesados, reforzados por corrientes políticas al interior de ese poder público. En ese ámbito de contraste sobresale el nombre de dos mujeres: la procuradora de Justicia Perla del Socorro Ibarra y la magistrada Sonia Mireya Beltrán Almada.

El Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado observó el ejercicio presupuestal del Poder Judicial donde detectó el pago indebido por más de 350 mil pesos al magistrado Carlos Cataño por ser inhabilitado en el Consejo de la Judicatura Federal ante la neglihencia de su actuación a su paso por el Poder Judicial Federal. Segun el ORFIS, el Consejo de la Judicatura Federal le notificó al magistrado Vásquez pero aún asi le pagó de mayo a septiembre lo quebtabró el patrimonio judicial local. Ahora le piden que reintegre ese dinero.

Otro caso que llamó la atención durante su gestión fue la propuesta de incluir en el haber de retiro de los magistrados el 100 por ciento de sus salarios y prestaciones, el cual podria ser herededado a sus cónyuges o concubinas o a sus hijos menores de 24 años. Esta medida se echó para abajo ante la presión social.

También se documentó su detención cuando en su juventud intentó cruzar a Calexico en un carro que conducía, en el que los agentes federales descubrieron mariguana con un peso superior al de consumo personal. En eda ocasión iba en conpañía de su amigo Cataño González, segun fuentes consultadas.

Vásquez señaló que se trata de un homónino pero segun Juan José Crespo, presidente de un colegio de abogados, el Congreso de Baja California está obligado a transparentar su situación, de manera oficiosa, para deslindarlo de algún ilícito si fue otra persona el capturado o para promover su cese por ocultar información ya que un delito como éste habría imposibilitado su carrera judicial y su ungimiento como magistrado y, por ende, presidente del TSJE.

Un abogado al que reconozco su profesionalismo, capacidad analítica y calidad humana me cuestionó el publicar el arresto de Vásquez en los tiempos en que se puede generar su reelección. La respuesta fue obvia: porque fue hasta que se contó con el documento probatorio y porque los tiempos periodísticos no sienpre concuerdan con los politicos.

Dejar de publicar con la ficha en las manos seria solapar el acto y acaso se entraría en el plano de la subjetividad pero nunca en la falta de veracidad. Incluso, antes de publicarlo se buscó al magistrado para conocer e integrar su postura en la nota. Primero dijo que erw falso, después que no habia documentos y al final que haría un comentario que nunca llegó sino hasta su conferencia de prensa donde se limitó a asegurar que se trataba de otro Jorge Armando Vásquez.

Sobre aquellas personas que podrían sustituir a Vásquez, si carece de los votos necesarios para su reelección, se ha hablado de la actual procuradora de Justicia, quien tiene una licencia del Poder Judicial. Un análisis gubernamental señala la posibilidad de su regreso por lo que estaría a un paso de renunciar al gabinete de Francisco Vega, aún más cuando está por designarse el Fiscal General. Al tiempo y al considerarse las repercusiones legales.

La otra carta, promovida según afirman desde el grupo judicial de poder, es la actual magistrada Sonia Mireya Beltrán, cuyo nombre salió a la palestra al ser la juez que sentenció por homicidio a José Guadalupe Macias Maldonado.

Este hombre estuvo preso en la cárcel de Mexicali durante 12 años pero fue liberado y absuelto de todo delito por no haberse acreditado que él cometió el asesinato. Al salir, José Guadalupe exigió justicia pero al no encontrarla el 7 de marzo de 2014 se prendió fuego en protesta por la sentencia injusta de la jueza.

Su inmolación puso en tela de juicio los alcances de este sistema de justicia y la calidad de sus juzgadores.

Para nadie es extraña la opacidad del Poder Judicial de Baja California y la actuación ineficiente de jueces, magistrados y funcionarios judiciales.

Las prebendas son hartas, incluidas las de estar ajenos al Sistema Estatal Anticorrupción que está por instaurarse en la entidad.

De eso les cuento más adelante, si me lo permiten usted y el director de Lindero Norte.