En 15 meses, taller mecánico Racota recibió 18 mdp por contratos abiertos; hay tres sancionados

Antonio Heras y Jorge Heras / Lindero Norte

Mexicali.- El fallo del Poder Judicial de la Federación de darle la razón a la Sindicatura de Mexicali en un procedimiento administrativo sancionatorio permitió inhabilitar a tres servidores públicos que además están obligados a resarcir al ayuntamiento 2 milones 700 mil pesos por irregularidades en el mantenimiento y reparación de vehículos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Los sancionados solicitaron la protección de la justicia federal para eludir su responsabilidad en un contrato de servicio con la empresa Racota o Baja Master en el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015.

En ese lapso se le pagaron 18 millones de pesos por el mantenimiento de 104 unidades a través de un contrato abierto, adjudicado de manera irregular por los montos de los servicios prestados con relación al presupuesto asignado a la corporación policiaca.

También se detectó en la auditoría 07 de junio de 2015 el pago sin cotizaciones, órdenes de compra y facturas en perjuicio de la hacienda municipal, así como de garantías de servicio.

En la investigación sobre los «Servicios de Mantenimiento y Suministro de Refacciones a Vehículos de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali», la Sindicatura Municipal determinó sancionar a dos servidores públicos a quienes inhabilitó por cinco años y a un tercero por seis meses por tener responsabilidad administrativa durate la administración del alcalde panista Jaime Díaz.

Este procedimiento administrativo disciplinario es contra varios servidores, entre ellos la entonces Oficial Mayor, Maribel Avilez, y otros funcionarios de Seguridad Pública y de Tesorería, de acuerdo al expediente DC/RES/191/2016 de la Dirección de Contraloría de la Sindicatura. La sindicatura saliente dejó listo un proyecto de resolución a la administración de Gustavo Sánchez que, tres años después, concluyó con estas sanciones administrativas.

Se trata de incumplimiento en el procedimiento administrativo de ejecución de redursos públicos pues pagaban sin tener ordene de compra ni factura

En mayo de 2015, la sindicatura verificó la contratación de servicios realizados con recursos públicos, la recepción de facturas, la expedición de órdenes de servicio y solicitudes de pago de Seguridad Pública, de acuerdo a la auditoría 07.

El 5 de junio se notificó el inicio de auditoria a la Oficial Mayor Maribel Avilez y al tesorero Rogelio Orlando Pineda
En la auditoria se incluyeron los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehculos de Seguridad Pública que incluyó inspección física de esos vehículos y visita al taller del Grupo Racota.

Cuestionaron al jefe de taller policíaco Gabriel Mascareño y a Adalberto, su auxiliar administrativo, se cotejaron cheques entregados a esa empresa del 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015.

Se trató de dos contratos abiertos por los que se pagó a esta empresa 18 millines 368 mil 185 pesos, de los cuales 7 millones corresponden a 2014 y 10 millones a 2015.

En el desahogo de pruebas, la oficial mayor informó que no mediaban contrato de prestación de servicios con la empresa, la auditoria detectó que las órdenes de servicio y requisición eran posteriores a la orden de compra y éstas se emitieron después de la expedición de facturas, las cotizaciones carecen de firma del proveedor y solo están rubricadas por el responsable del taller Gabriel Mascareño.

El 31 de diciembre de 2014, la.Tesoreria municipal pagó, a solicitud de Seguridad Pública, 18 servicios mantenimiento y la reparación de vehículos por 854 mil pesos sin que se contara aun con la factura de Racota.

Las solicitudes de pago las elaboró el jefe del departamento de Recursos Materiales de Seguridad Pública, Jesús Eduardo Gutierrez, las autorizó Maria Rosalinda Curiel, encargada de despacho de la subdirección Administrativa, por lo que las facturas fueron recibidas en el taller de Seguridad el 6, 12 y 13 de enero de 2015 meses despues del pago de servicios.

La DSPM documetó solicitudes de pago por 8 millones 600 mil pesos pero no coincide con las facturas emitidas por Racota.

En ese período se realizó el servicio a 104 unidades con garantía verbal, aunque en siete casos se detectó que no hicieron válida esa garantía porque las patrullas reingresaron a reparación por los mismos conceptos. En otras palabras pagaron doble un monto de 754 mil 602 pesos
El resultado 8 de la auditoria señala la orden de compra 7490 del 1 de septiembre de 2014, por 61 mi 372 pesos, de la compostura de un carro Crown Victoria para la reparación de la trasmisión. Sin petición de servicio, el taller cibró además el switch, la llave, la flecha, el ventilador, la bomba de gasolia y la batería.

Dos meses después del cobro dd la suouesta reparación el carro fue dado de baja y entregado al departamento de Depositos vehiculares de la Oficialía Mayor. El 3 de marzo se hizo el diagnóstico de valoración de unidades donde se estableció que la baja drl Crown Victoria fue por el mal estado del motor y de la transmisión, la suspensión, frenos, llantas y parabrisas, además que carecia de batería y abanico del motor.

Las observaciones de la auditoria realizada en junio de 2015 son por incumplimiento de la adjudicación de contratos para adquiri bienes y contratar servicios, cotratación de bienes y servicios, de aplicación al ejercico y control de gasto publico.