Urge instituto de defensoria de derechos indígenas

Antonio Heras
Mexicali
Por la creación de un Instituto o una defensoria de derechos indígenas que trabaje a nivel federal y estatal se pronunció el magistrado del Poder Judicial de la Federacion Joaquin Gallegos.
En tanto, la maestra Maylai Burgos de la Facultad de Derecho de la UNAM señaló que con la omisión, el estado mexicano viola los derechos humanos.
Tras reiterar que los indígenas se merecen una defensoria gratuita del estado mexicano, el magistrado federal subrayo la obligación gubernamental de respetar los convenios y tratados internacionales porque son vinculatorios en la violacion de los derechos humanos.
Al participar en el seminario “Derechos Indigenas, territorio y recursos naturales” convocado por el Centro de Investigaciones Culturales de la UABC, el magistrado del Septimo Tribunal Unitario del XV Circuito se refirio al papel del Poder Judicial en la defensa de los derechos de los pueblos indigenas donde considero que los juzgadores “debemos pasar de pasar modelos positivistas a neoconstitucionalistas basados en los derechos humanos”
Se pronunció por combatir la desigualdad y la discriminacion a traves de acciones afirmativas de los derechos humanos de indígenas y sus comunidades, porque “los jueces debemos promover acciones afirmativas”
Gallegos consideró que el reto de los jueces mexicanos es velar por una justicia indigena e interpetar las leyes a traves de modelos de ponderacion, racionalidad y confrontacion de principios y valores contra intereses transnacionales e, incluso, del orden publico y social
“Mas principios que reglas, mas ponderacion, omnipresencia de la constitucion en todas las areas juridicas y en todos los conflictos minimamente relevante y omnipotencia judicial en lugar de autonomia del legislador ordinario”, expuso.
La maestra Maylai Burgos expusó en el tema “La justiciabilidad de los derechos humanos, las reformas constitucionales de junio 2011 y la lucha por la defensa de los derechos indigenas” que los convenios y tratados internacionales generan un bloque de constitucionalidad que va mas allá de las constutuciones locales.
Explicó que si bien es cierto es un avance, la reforma es un reto porque no es un derecho a los pueblos y hay que reinterpretarla para alargarla en favor de ellos y, en este caso, las obligaciones de las autoridades la refuerza la reforma a la ley indigena.
“El derecho no es la solución, el éxito es la lucha política y no la jurídica, lo importante es la justiciabilidad de derechos humanos y la reforma es un instrumento” expresó al tiempo de considerar que una garantía es la articulación de los pueblos con la academia.